La diferencia no es cultural. Es institucional y moral. En sociedades donde el homicidio general es bajo, atacar a un policía produce un rechazo inmediato, transversal y contundente. El costo social es altísimo. La tolerancia es mínima. El crimen no encuentra aplauso, ni justificación romántica, ni ambigüedad. En Colombia, en cambio, hemos aprendido a relativizar. Se justifica al que bloquea “por desesperación”, se minimiza al que extorsiona “porque no tiene oportunidades”, se explica al que dispara “porque el Estado falló primero”. Cada explicación reduce el costo moral del delito.
Mientras escribo, se oyen explosiones en la Universidad del Valle. Un ritual que se repite: artefactos para destruir, sembrar terror y herir o matar policías. Llevan años en lo mismo, afectando a toda una comunidad. Y, sin embargo, se volvió paisaje. Es difícil entender que esta patanería criminal sea tolerada. Que no haya una autoridad capaz de imponer el orden. Que se normalice la violencia de unos pocos como si fuera parte del ecosistema urbano. La tolerancia con la ilegalidad no humaniza la sociedad. La vuelve más peligrosa. Y siempre pagan los mismos: los más pobres.
La violencia se perpetúa con justificación. La comodidad moral de quienes explican lo inaceptable, suavizan lo criminal y terminan poniéndose, del lado del victimario.
Una sociedad que excusa a quien mata policías no solo es una sociedad injusta. Es una sociedad enferma, y en su distorsión contribuye a la injusticia social, cortesía del “progresismo” petrista, que su heredero aspira incrementar.