El espejo de la legitimidad

Si todos fueran capaces de mirarse en el espejo de la legitimidad, la invocarían con menos prepotencia.¿Qué es, en realidad, la legitimidad? ¿Que mucha gente crea en un relato moral? ¿Que una mayoría se sienta representada? ¿O existe algún estándar objetivo que determine quién merece gobernar? La respuesta parece sencilla: en democracia, la legitimidad nace de las reglas y de los votos. Pero en la práctica el concepto se ha convertido en un traje hecho a la medida de las preferencias ideológicas.

Miremos algunos parámetros: Abelardo, carece de legitimidad porque como abogado defendió a delincuentes de cuello blanco. Petro nunca la tuvo porque fue guerrillero, es un exconvicto y ha promovido violencia y destrucción. Cepeda ha dedicado buena parte de su vida política a interactuar y negociar con actores armados.Si el criterio es la experiencia administrativa, Abelardo nunca ha ocupado grandes cargos públicos. Petro llegó a la Presidencia después de una gestión desastrosa de Bogotá. Cepeda, ha sido sólo activista político y nunca ha construido nada. Si se mira el perfil de estadista, Abelardo resulta sofisticado y elitista (y no se pone medias). Petro ha demostrado poca seriedad con sus deshilvanados discursos en medio de trabas y borracheras, incumplimientos, poses intelectuales de ambientalista supergalactico y santero purificado. Cepeda no resuelve si es Mao o Gandhi, no es capaz de presentar una idea sin guía y solo produce tedio con su ideología gris y desueta.

La legitimidad ha dejado de entenderse como el reconocimiento de unas reglas comunes para convertirse en un arma política. Si gana el mío, el sistema es ejemplar; si gana el otro, la democracia está en peligro. Si la decisión favorece mis intereses, es expresión de la voluntad popular; si no, es prueba de manipulación, ignorancia o conspiración. Una democracia no puede funcionar así. El sistema electoral Colombiano ha sido reconocido como impecable y es ejemplo para el mundo. Quien ha sido elegido por esa misma institución difícilmente puede descalificarla sin descalificarse a sí mismo. La legitimidad no puede depender exclusivamente de simpatías, odios o preferencias ideológicas. De lo contrario, la verdad termina siendo simplemente aquello que cada uno alcanza a ver desde la esquina política en la que decidió instalarse. 

Publicado El País de Cali 26199

El crimen maquillado

Quienes justifican la violencia apelando al temor de los derrotados construyen una narrativa sin sustento. Su argumento consiste en presentar la agresión y la destrucción como formas legítimas de defensa. La propuesta del nuevo gobierno es combatir el crimen con firmeza, como todo país civilizado. Y sí, crimen es toda conducta que pretende imponerse por fuera del orden constitucional mediante las armas, la intimidación o el terror.

Durante décadas se nos quiso convencer de que ciertas formas de violencia tenían un estatus especial y que quienes las ejercían debían ser tratados como simples “actores del conflicto”. Bajo ese discurso ideológico se terminó legitimando lo que no es otra cosa que crimen organizado. Los derrotados pasaron años dialogando, negociando e incluso facilitando la acción de organizaciones armadas ilegales. Por eso manipulan sembrando temor entre los ciudadanos que nunca participaron de esas actividades.

Quien vive de su trabajo, respeta la ley y no participa en secuestros, extorsiones, narcotráfico, robos o amenazas no tiene razón para sentirse perseguido. Muy por el contrario de lo que pregona la propaganda, el gobierno que se instala el 7 de agosto no es nazi, ni fascista, ni de extrema derecha. Nadie será perseguido por sus ideas. Lo que sí debe ocurrir es que quienes promuevan o inciten la violencia respondan por sus actos, como sucede en cualquier democracia seria. Si el Estado recupera efectivamente el control del territorio y reduce el poder de las organizaciones criminales, millones de colombianos podrán trabajar, emprender, invertir y vivir con mayor tranquilidad. Ese es el progreso que importa. No se trata de una fórmula novedosa. Es el rasgo común de las democracias más prósperas del mundo: paz garantizada por el monopolio legítimo de la fuerza; libertad para que cada persona progrese según su esfuerzo, su talento y su disciplina; y una justicia confiable que resuelva los conflictos sin acudir a la violencia.

El componente social se concentrará en quienes realmente lo necesitan: educación, salud y vivienda para los excluidos. No un asistencialismo generalizado que sustituya el esfuerzo. Cuando el Estado se convierte en el gran repartidor de favores, empeora la pobreza, se multiplica la dependencia y florece una corrupción cada vez más difícil de controlar.

Publicado El País de Cali 26178

90 minutos

Para los escasísimos ignorantes del fútbol, resulta incomprensible que alguien pague miles de dólares por asistir a un partido. No logramos asimilar el trance de los himnos, las contorsiones con los goles, los abrazos entre desconocidos ni el llanto casi suicida de una derrota. Nos impresiona que la FIFA se haya convertido en una organización con influencia planetaria y mueva billones. Seguimos sin captar la trascendencia de un grupo de hombres persiguiendo un balón durante noventa minutos.Y, sin embargo, el fenómeno es extraordinario. Porque consigue lo que la política es incapaz de lograr: que millones de personas, distintas entre sí, griten al mismo tiempo, celebren juntas, se reconozcan parte de una misma comunidad.

En Colombia hemos cavado una profunda zanja entre dos maneras de entender la sociedad. Están quienes creen que la libertad económica, la iniciativa privada y el mercado son los motores más eficaces para generar prosperidad. Y quienes consideran que un Estado fuerte debe orientar la economía para corregir desigualdades y garantizar derechos.Unos defienden la distribución del poder entre instituciones independientes; otros confían más en liderazgos capaces de acelerar transformaciones profundas. Unos creen que la propiedad privada es un pilar esencial de la libertad; otros sostienen que la redistribución es condición para la justicia social.

Son diferencias válidas en una democracia. Lo que nunca puede ser legítimo es la violencia. Ni las bombas, ni la intimidación, ni la idea de que quien pierde unas elecciones tiene derecho a incendiar el país. Ninguna causa política justifica convertir al adversario en enemigo ni reemplazar los votos por el miedo. Mañana los colombianos volveremos a discrepar. Votaremos distinto, discutiremos con vehemencia y seguiremos convencidos de que nuestra visión del país es la correcta. Pero quizá deberíamos recordar algo que el fútbol enseña mejor que la política: que se puede estar en equipos rivales pero se sigue jugando. Cuando la Selección hace un gol, nadie pregunta por quién votó el que está al lado antes de abrazarlo.Tal vez Colombia comience a sanar el día en que descubramos que todos podemos usar la misma camiseta.Y que, aún después del pitazo final, podemos seguir jugando el mismo partido: el de construir un país en el que todos podamos vivir.

Publicado El País de Cali 26171