Pero si un presidente, sus ministros, los magistrados y los dirigentes médicos proclaman que todos los colombianos tienen derecho a que el Estado les resuelva todos sus problemas de salud, los aplaudimos. Para probar su alcance, el sistema registra el volumen de procedimientos y regula sus precios, presumiendo tener control.Todo parece funcionar. Hasta que recordamos que la operación no se sostiene con dinero, sino con unos papelitos que llaman órden de servicio, una ficción que simula ser moneda.
Con un gasto per cápita de mil dólares al año, aspiramos a dar la atención que otros países no han podido dar con siete mil. Cuando los prestadores descubren que los papelitos no son moneda corriente y que hay billones acumulados, comienza el colapso. Se buscan culpables y encuentran los abusos y trampas típicos de la falta de libre competencia. No se sabe cuántos enfermos hay, ni qué padecen, ni en qué etapa están. Nadie tiene claro cuánto cuesta tratar una enfermedade o sanar una persona. Como el indicador es el número de procedimientos, el pagador se especializa en negarlos o aplazarlos; el prestador, para defenderse de tarifas ridículas, en multiplicarlos. Así, el costo real de los tratamientos se dispara porque buena parte de los diagnóstcos se tratan tardíamente, y se diseña un espacio para la corrupción. El resultado es más gasto con menos salud.
La adolescentes dirían que los voceros de tantas fantasías son delulu. Aquí, delulu no es solo moda. Es política pública. La ilusión delirante la terminamos pagando todos, sacando plata del bolsillo y después de mucho sufrimiento.
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